AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

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El Ayuntamiento de Salamanca acoge el pleno de la Abogacía de Castilla y León, donde se aborda la situación de la justicia en la Comunidad

viñetaEl CACYL recorre cada verano las distintas provincias de Castilla y León para celebrar el último pleno antes del periodo inhábil de agosto en Justicia. La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, asiste al encuentro dirigido por el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo. Sanz Orejudo destaca el papel de pacificadores sociales de los abogados y su aportación a la concordia y a la conciliación. El alcalde de Salamanca subraya que la ciudad está siempre al lado de la Constitución y en la defensa de la independencia judicial



El alcalde y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León
El alcalde y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León

23 julio 2021 Alcaldía

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha escogido este año Salamanca para celebrar el último pleno de la institución antes del periodo inhábil de agosto en Justicia. La reunión, conducida por el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salamanca y ha contado con la presencia de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

Tras la reunión del pleno, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha ofrecido una recepción a los consejeros del CACYL y al decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Javier Román Capilla, en la que se analizó la situación de la Justicia en Salamanca y en el resto de la Comunidad.

Durante su intervención en este acto, el regidor salmantino ha puesto de relieve que Salamanca es una ciudad que cree en la Constitución y en las leyes y que defiende siempre la independencia judicial, al tiempo que ha reconocido el papel que juega la abogacía para la vida de los ciudadanos.

Al hilo de lo anterior, García Carbayo ha reivindicado a las administraciones competentes que realicen un esfuerzo inversor para llevar a cabo las mejoras prometidas en las infraestructuras judiciales, que garanticen que los abogados puedan ejercer su importante función en unas instalaciones dignas, y ha deseado éxitos a la profesión en los retos que tienen por delante con su adaptación al nuevo Estatuto de la Abogacía.

Por su parte, el presidente del CACYL ha destacado en su intervención el papel de pacificadores sociales que cumplen los abogados y su aportación a la concordia y a la conciliación y ha señalado la vinculación entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Abogacía en el sentido de su visión de servicio público de cercanía.

Por otro lado, la presidenta de la Abogacía Española ha realizado un especial reconocimiento a los compañeros del turno de oficio por su trabajo diario durante la pandemia y ha puesto de relieve la labor desarrollada por el CACYL en materia de formación, con gran éxito de participación en todos los cursos convocados.

El Pleno

Durante el pleno, que en 2020 no pudo celebrarse de forma presencial en Salamanca por las restricciones sanitarias, se ha destacado la continuidad del convenio de rubricado en 2017 entre el CACYL y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que afronta dos nuevas prestaciones: una de asistencia jurídica gratuita a mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales, y otra para la asistencia y atención letrada, también gratuita y en todo tipo de materias, para los menores huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género.  “Los cursos que se imparten para fomentar la especialización de los letrados en esta área siempre han tenido una gran aceptación entre los abogados de Salamanca”, puntualiza, el presidente del CACYL.

La institución

El CACYL es una corporación de derecho público que representa a los nueve colegios de abogados de la Comunidad y tiene como objetivo la representación y defensa de la profesión ante el Gobierno de Castilla y León y demás administraciones públicas.

El Pleno del Consejo está constituido por los nueve decanos de los colegios de abogados de Castilla y León, un consejero designado por la Junta de Gobierno de cada colegio que supere los 600 abogados elegido de entre los mismos, por un plazo de cuatro años, y otro consejero por cada fracción de 600 abogados más.



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